1.2. Definición del sector público
1.2.2. Dimensiones: arte y economía, arte y sociedad, arte y educación
El progreso hacia la hegemonización de las industrias culturales ha ocasionado una desterritorialización de los espacios culturales locales, con la consiguiente dificultad de definir políticas culturales que protejan el espacio propio y fomenten la creación.
La Administración pública y las empresas y otras entidades privadas son las dos esferas de actuación en las que intervienen las políticas culturales. A pesar de ser esferas diferenciadas, están estrechamente interrelacionadas, pues el desarrollo globalista de las empresas privadas y la competencia mercantil también es un efecto de las Administraciones públicas. Cada Estado legisla sus gestiones comerciales para que encajen funcionalmente en la economía mundial, por lo que la acción de los poderes públicos no puede considerarse neutral, pues su intervención tiene incidencia, directa o indirecta, sobre el desarrollo de las actividades culturales.
La intervención del sector público en las industrias culturales se justifica por la debilidad de ciertas áreas para atraer la financiación privada y por la subsanación de las valoraciones y los déficits del libre mercado. La cantidad de recursos públicos dedicados refleja el reconocimiento de la cultura por parte del sujeto colectivo de un Estado nación.
No obstante, a la hora de relacionar la cultura con la base económica y las estrategias subrepticias del mercado global, cabe diferenciar entre «la cultura en el sentido de estado de lo que es cultivado y la cultura como acción de cultivar» (Bourdieu, 1998, pág. 9). Si se desplaza esta diferencia al arte, asumido como cultura y como elemento socializador, en el primer sentido se entiende que el arte puede ser susceptible de patrimonializarse. De esta manera, las instituciones públicas intervienen en la gestión de los bienes patrimoniales, administran desde esferas independientes –ciencia, cultura, desarrollo, etc.– materializadas en ministerios y concejalías, con presupuestos individuales e intransferibles, la acumulación del capital cultural que pasa a pertenecer a un sujeto colectivo representado por el Estado, pues «el primer sujeto social colectivo al que se atribuyó la cultura como resultado fue la nación» (Velasco, 2006). En el segundo sentido de la definición de Bourdieu, el arte produce un bien cultural que puede traducirse en capital material o simbólico.
El campo artístico, que aquí se puede referir a sistema del arte, se construye de esta manera sobre un conjunto de reglas y operaciones simbólicas en las que participan los distintos agentes dentro de la cultura compartida por una sociedad. Estos agentes se incluyen en el ámbito artístico y «actúan como guardianes del umbral que da acceso al campo; su tarea es decidir si una idea o una obra se deben incluir en su campo: lo componen artistas, los directores de museos, los críticos de arte e historiadores» (Moraza, 2006, pág. 47). Para las gestiones que institucionalizan el campo artístico, las propias instituciones públicas disponen de unos fondos, públicos o privados, que regulan las interacciones en el campo artístico desde las Administraciones públicas como «presupuestos de legitimación».
Estas interacciones del arte con el resto de las esferas sociales dentro de la institución también han afectado al desplazamiento semántico de la cultura de lo selectivo a lo común, a lo compartido. En los Estados democráticos, el acceso a la educación y a la cultura es un derecho social, por lo que la financiación pública resulta imprescindible para garantizar que se cumplan los derechos culturales. Pese a esto, la manipulación legítima por parte del Estado de los bienes culturales y artísticos, susceptibles de ser patrimonializados, encuentra en las instituciones educativas la llave de paso al ámbito artístico. La educación formal extrae los signos culturales y da como resultado una conformación cultural. De este modo, la cultura contiene la educación y la educación contiene, conforma y configura la cultura. Las bellas artes cuentan con facultades universitarias propias, y sus programas y contenidos están legitimados cultural y socialmente para decidir lo que es arte y lo que no, porque el triunfo del proceso legitimador y meritocrático recae en justificar lo que queda fuera por encima de lo que queda dentro. Aun así, la posición social está también vehiculada por el capital cultural y encuentra en el campo artístico un área elitista de control:
«La estadística revela que el acceso a las obras culturales es el privilegio de la clase culta. Pero ese privilegio tiene todas las apariencias de la legitimidad, puesto que los únicos excluidos son los que se excluyen».
De este modo, todas las transformaciones o revoluciones que se producen en el campo artístico son producidas, asimiladas y normativizadas de manera intrasistémica, desde la educación formal que contribuye a fijar la entelequia social. Estos mecanismos institucionales se postulan en las llamadas políticas culturales, que regulan la apertura del acceso a la cultura en los Estados modernos mediante la educación, la conservación y el consumo del patrimonio.
«Así pues, la cultura es la realización efectiva de los supremos valores por medio del cuidado de los bienes más elevados del hombre. La esencia de la cultura implica que, en su calidad de cuidado, ésta cuide a su vez de sí misma, convirtiéndose en una política cultural».